La colonización de Cuba en América, demostrada por la muerte de 32 agentes de inteligencia que rodeaban a Maduro por parte de la Fuerza Delta
devinHoy, esa prueba es inequívoca. Estos hombres no murieron atendiendo pacientes ni entrenando atletas. Fueron asesinados como parte del círculo de seguridad de Maduro...
Durante años, el régimen cubano ha insistido en que su presencia en Venezuela era benigna, limitada a médicos, enfermeras y entrenadores deportivos que ofrecían solidaridad humanitaria. La muerte de 32 militares y miembros de inteligencia cubanos mientras defendían al dictador venezolano Nicolás Maduro ha desmentido esa ficción.
Ya en marzo de 2019, la embajadora de Cuba en Canadá, Josefina Vidal, compareció en CBC News para denunciar la información canadiense sobre la intervención de seguridad cubana en Venezuela. Desestimó rotundamente las acusaciones: «La afirmación de que miles de cubanos supuestamente se integrarían en las estructuras de las fuerzas armadas y de seguridad de Venezuela, apoyando al gobierno del presidente (legítimo) Nicolás Maduro, es una calumnia escandalosa», declaró, exigiendo pruebas.
Hoy, esa prueba es inequívoca. Estos hombres no murieron atendiendo pacientes ni entrenando atletas. Fueron asesinados como parte del círculo de seguridad interna de Maduro, lo que expone el papel central de Cuba en la exportación de su modelo de inteligencia y represión para mantener a sus aliados autoritarios en el poder.
Esta realidad no surgió de la noche a la mañana. La cooperación en materia de seguridad entre Cuba y Venezuela se remonta al menos a 2008, cuando ambos regímenes firmaron acuerdos que otorgaban a La Habana una influencia extraordinaria sobre las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de Venezuela. En virtud de estos acuerdos, Cuba entrenó a soldados venezolanos, reestructuró unidades militares clave, capacitó a agentes de inteligencia en La Habana y, lo más importante, reorientó el aparato de inteligencia venezolano, alejándolo de las amenazas externas y orientándolo hacia la vigilancia de sus propios oficiales y comandantes. Esta transformación resultó vital para la supervivencia del régimen, permitiéndole neutralizar la disidencia interna y consolidar el poder durante más de dos décadas.
Esa arquitectura de control se hizo plenamente visible el 3 de enero de 2026, durante la Operación Resolución Absoluta, una operación militar estadounidense llevada a cabo por la Fuerza Delta y el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales que resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Estados Unidos. El 5 de enero, Maduro compareció ante un tribunal federal de Nueva York para enfrentar una acusación formal de cuatro cargos que lo acusaban de liderar una conspiración narcoterrorista de 25 años.
Durante la operación, 32 agentes cubanos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior murieron mientras defendían a Maduro. La Habana no negó sus muertes. Por el contrario, el gobierno cubano confirmó tanto las bajas como sus rangos militares en el Decreto Presidencial n.º 1147, firmado por Miguel Díaz-Canel, que también declaró dos días de duelo nacional. El decreto equivalió a una confesión extraordinaria: las fuerzas estatales cubanas estaban integradas en los niveles más altos del aparato de seguridad venezolano.
Aunque el régimen cubano no reveló oficialmente sus nombres, el medio independiente cubano 14ymedio identificó a seis de los fallecidos, junto con sus rangos y provincias de origen, mediante publicaciones en redes sociales, mensajes privados y confirmaciones parciales de las autoridades locales. La mayoría provenían del oriente cubano, en particular de Granma y Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraban Fernando Báez Hidalgo, de 26 años, vinculado a la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior; Landy Osoria López, agente de la Seguridad del Estado desplegado en Caracas; y Yordenis Marlonis, presuntamente parte del equipo de protección directa del presidente venezolano.
Otros parecían pertenecer a las Avispas Negras, una unidad del Ministerio del Interior sancionada por el Tesoro de Estados Unidos por reprimir violentamente las protestas prodemocracia del 11 de julio de 2021. Al menos uno de los muertos fue identificado como criptógrafo.
El alcance de esta penetración fue subrayado días después por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien declaró que toda la estructura de seguridad de Maduro estaba efectivamente controlada por cubanos: quienes lo custodiaban, quienes vigilaban su lealtad dentro del régimen y quienes lo mantenían aislado de su propio pueblo. La implicación era inequívoca: Venezuela no solo se había aliado con Cuba; había sido colonizada por la inteligencia cubana.
Este modelo de represión exportada no es exclusivo de Venezuela. Un patrón similar se ha arraigado en Nicaragua. Desde las protestas masivas de abril de 2018, relatos fidedignos de militares nicaragüenses retirados, incluido el mayor Roberto Samcam, indican que el dictador Daniel Ortega se ha rodeado cada vez más de asesores cubanos integrados en su aparato de seguridad, desplazando al personal nicaragüense que antaño formaba parte de su círculo íntimo.
Informes independientes sugieren que aproximadamente 60 asesores cubanos operan dentro de las estructuras militares y de seguridad de Nicaragua, supervisando la vigilancia, la verificación de lealtades y la represión. Durante la Operación Limpieza en abril de 2018, fuerzas especiales cubanas presuntamente operaron junto con unidades paramilitares durante arrestos masivos y el desmantelamiento violento de la resistencia civil, un ejemplo paradigmático de la "cubanización" de la represión.
La operación militar que condujo a la captura de Maduro señala un cambio decisivo en la credibilidad y la disuasión de Estados Unidos. Durante años, los autócratas afrontaron un costo mínimo, ya que las respuestas estadounidenses se limitaron a declaraciones y sanciones que no lograron cambiar el comportamiento. Ahora, tras ejecutar una operación tan sofisticada, sería un error estratégico que Estados Unidos no la acompañara con una estrategia política coherente para promover una transición democrática en Venezuela.
Una Venezuela democrática —que respete los resultados electorales y la voluntad popular, especialmente la de más del 70% de los venezolanos que votaron por Edmundo González en las elecciones del 28 de julio de 2024— detendría la exportación del autoritarismo, desmantelaría las redes de narcotráfico patrocinadas por el Estado, ayudaría a revertir el éxodo de refugiados y resurgiría como un socio energético confiable.
Un crecimiento sostenido de la producción petrolera no es realista bajo un régimen criminal corrupto; en contraste, JP Morgan estima que una transición política podría aumentar la producción a 1,3-1,4 millones de barriles por día en dos años, y potencialmente a 2,5 millones durante la próxima década.
La historia demuestra que las transiciones democráticas fracasan cuando los altos mandos del poder y las instituciones del régimen evaden la rendición de cuentas. Figuras como Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López deben comparecer ante la justicia, o las estructuras mafiosas persistirán.
La eventual caída del régimen tendría consecuencias regionales de largo alcance: profundizaría el aislamiento de Cuba, fracturaría el eje autoritario con Rusia, frenaría la influencia de China e Irán, debilitaría a los grupos ELN y FARC en Colombia vinculados al narcotráfico y ayudaría a detener el mayor éxodo masivo en la historia de América Latina.
A pesar de la muerte de los 32 agentes cubanos, mientras el régimen venezolano permanezca en el poder, muchos otros asesores de inteligencia cubanos seguirán integrados en múltiples esferas de influencia. Estas muertes revelan cómo los regímenes autoritarios se apoyan mutuamente mediante el intercambio de inteligencia y la exportación de la represión, sin importar el costo humano.
Los regímenes represivos no se sostienen solos, sino que se apoyan mutuamente. Los cubanos que murieron defendiendo a Nicolás Maduro no lo hicieron en defensa de Venezuela, sino de un sistema represivo responsable de crímenes de lesa humanidad, tortura, encarcelamiento político, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; un sistema cimentado en la vigilancia, el miedo y la impunidad. Sus muertes marcan no solo el colapso de un sistema de seguridad, sino el desenmascaramiento de todo un eje de represión en las Américas.
